Histórica exención legal para secretos OVNI: El Pentágono autoriza revelar programas clasificados a la iniciativa PURSUE

En una maniobra legal de alto impacto institucional, el Departamento de Guerra anunció la emisión de una exención legal dirigida que autoriza al personal militar en activo, veteranos, empleados civiles y contratistas de defensa a divulgar Información de Defensa Nacional (NDI) vinculada a Fenómenos Anómalos No Identificados (UAP). Esta directriz crea un canal formal de testimonios hacia los investigadores del esfuerzo gubernamental PURSUE (*Presidential Unsealing and Reporting System for UAP Encounters*), suspendiendo explícitamente las sanciones administrativas y civiles estipuladas en los Acuerdos de No Divulgación (NDAs) tradicionales y en los Acuerdos de Indoctrinación de Programas de Acceso Especial (SAPIAs). Sin embargo, las autoridades castrenses han subrayado que esta medida no equivale a una desclasificación generalizada ni a un pase libre para filtraciones públicas o contacto con medios de comunicación. La protección jurídica opera exclusivamente si el testimonio se canaliza de forma interna hacia el equipo designado de PURSUE dentro de recintos seguros. Todo material ingresado estará sujeto a evaluación sistemática de seguridad y a un proceso eventual de desclasificación, manteniendo intacta la vigencia de los contratos de confidencialidad fuera de ese marco restringido. Expertos en inteligencia y analistas documentales como *The Black Vault* señalan que el concepto no es enteramente novedoso. Ya en la Ley de Autorización de Defensa Nacional (NDAA) para el Año Fiscal 2023, el Congreso de los Estados Unidos confirió facultades equivalentes a la Oficina de Resolución de Anomalías en Todos los Dominios (AARO). Dichas garantías fueron ofrecidas formalmente a finales de 2023 al exoficial de inteligencia David Grusch en instalaciones SCIF, pero fueron rechazadas por este debido a una laguna crítica: la imposibilidad de discutir actividades UAP sin comprometer programas compartimentados convencionales colaterales ajenos a la temática anómala, dilema que el nuevo memorando de PURSUE todavía no aclara con precisión. ### Análisis UAP México & Contexto Regional Desde la perspectiva de la seguridad y soberanía del espacio aéreo en México y Latinoamérica, esta evolución jurídica en Washington acentúa una profunda disparidad doctrinal. Mientras las Fuerzas Armadas estadounidenses perfeccionan mecanismos de protección legal para levantar el estigma y recopilar inteligencia técnica interna, naciones como México carecen de marcos formales de inmunidad para pilotos de la Fuerza Aérea Mexicana (FAM) o tripulaciones comerciales de la aviación civil que presencian intrusiones no identificadas, como el célebre incidente del avión C-26 Metroliner sobre Campeche en 2004. En un entorno regional donde el crimen organizado y los drones transfronterizos no tripulados saturan los radares, la ausencia de canales desestigmatizados de reporte en la región debilita el conocimiento del dominio aéreo (Air Domain Awareness) y perpetúa la censura institucional frente a fenómenos de origen desconocido.